La violencia contra las mujeres es algo muy antiguo, no por eso menos condenable, y una violación de los derechos humanos de las mujeres. El mayor problema es la naturalización de esta violencia, naturalización que se debe a la tradicional y aceptada desigualdad de las mujeres frente a los hombres.

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A los varones se les reconoce un mayor poder familiar y social, poder que los “autoriza” a aplicar violencia a las mujeres, especialmente cuando son sus esposas o parejas. Un estudio reciente evidenció que el 84% de las mujeres que refirieron violencia, el agresor fue el marido o pareja. Además, la mayoría de las mujeres dijeron que de niñas en su casa vieron cómo sus madres sufrían violencia por parte de sus esposos o compañeros. Estos hallazgos coinciden con la mayoría de los estudios existentes.

Estas pautas culturales están muy arraigadas en las sociedades, por eso es tan difícil el reconocimiento de la violencia como una violación de derechos y, por lo tanto, un delito, no algo normal y natural. La desnaturalización de la violencia contra las mujeres es lo primero que hay que trabajar con estas víctimas y también con toda la sociedad, si queremos prevenir y erradicar esta violencia.

En marzo del 2009 se logró aprobar la ley de prevención y atención de la violencia contra mujeres y niñas, una ley muy amplia que incluyó todos los compromisos establecidos en la Convención de Belem do Para, que el país firmó hace más de 10 años. Su aprobación fue un avance, pero desde entonces poco logramos. ¿Que pasó?

Primero, la reglamentación de la ley demoró 15 meses: se aprobó recién en julio del 2010. Pero además, en el presupuesto 2010 el Consejo Nacional de las Mujeres -que es el órgano de aplicación de la ley- no tuvo más presupuesto para ampliar su personal y para hacer las actividades que debía hacer según la ley. Esto se repitió en el presupuesto 2011 que el gobierno nacional mandó al Congreso, donde solicitaba para el Consejo Nacional de las Mujeres sólo 8 millones de pesos y, además, en la descripción no especificaba ni incorporaba acciones para la implementación de la ley de violencia. Como sabemos, una ley o política pública sin presupuesto es letra muerta. Por eso, decimos que la violencia contra las mujeres no es una prioridad del Gobierno Nacional y sí una deuda que tiene con las mujeres argentinas.

Mabel Bianco, presidenta de Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).

No permitamos ningún tipo de violencia contra ningún ser vivo.

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