El 17 de marzo de 1992 la Argentina entró brutalmente en la agenda del terrorismo internacional. Ese día, un atentado dinamitero voló la embajada de Israel en Buenos Aires. La ciudad tembló, el país enmudeció y la nación tomó conciencia dramáticamente de sus limitaciones y de las tremendas consecuencias que pueden acarrear frivolidad y política cuando desaparece el límite que debe separarlas.

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Carlos Menem, a la sazón presidente, había perpetrado una campaña electoral plagada de promesas, no sólo dirigidas al mercado interno que lo sentaría por su voluntad en Balcarce 50, sino en el exterior, a sinuosos líderes de países poco afectos a las excusas y a las traiciones. El entonces candidato riojano prometió reactores nucleares, soportes tecnológicos y vectores misilísticos a lo largo del Medio Oriente y el Magreb. A Siria, Irán y a Libia, por nombrar algunos países que bien pudieron aportar algunas divisas a las arcas de la campaña presidencial de ese simpático aspirante hijo de sirios que quería asirse del poder en aquel lejano y tranquilo país del Cono Sur, la Argentina.
Menem pensó que, así como echó por tierra la densidad de sus palabras para con sus votantes sin mayores consecuencias, podría obrar igual, con los mismos resultados, hacia sus interlocutores de Medio Oriente. No fue así.
Por si fuera poco, Menem y su entonces canciller, Domingo Cavallo, enviaron dos naves a la Guerra del Golfo, como si fuera un paseo que devengaría réditos económicos al país y políticos a su causa de perpetuación en el poder. Tampoco fue así.

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Lo que ocurrió fue que el 17 de marzo de 1992 voló la embajada de Israel en Buenos Aires, donde murieron 22 personas. Cifra que pudo darse por certera recién después de casi diez años de ocurrida la masacre, ya que a lo largo de casi una década se creyó que los muertos fueron 29. En una palabra, que ni siquiera supieron contar las víctimas. Ese increíble plazo fue el producto de la endeblez del Estado, la desidia, la ineficiencia, el encubrimiento y la tilinguería que atravesaron la tarea del Estado alrededor del atentado.
La investigación, que recayó en la Corte Suprema de Justicia –particularmente en su por entonces presidente, Ricardo Levene (h.), y en su instructor, hoy juez de Casación, Alfredo Horacio Bisordi– no sólo no llegó a nada sino que, después de recorrer mil hipótesis absurdas cuando no insultantes, terminó acusando a un terrorista internacional sobre el cual no existe ni una sola prueba en todo el expediente.
Todo el Estado fracasó en esa infame investigación.

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La sociedad argentina en un primer momento pensó –quiso pensar– que se trataba de la extensión de una guerra a la que la Argentina era ajena. Arabes e israelíes habían trasladado su teatro de operaciones hasta estas costas, sólo por un momento, sólo por la momentánea baja de la guardia de los hombres de Gedeón. No volvería a ocurrir, fue la reacción. El virtuoso periodista Mario Diament supo alertar sobre ese adormecimiento colectivo, que no pudo quebrar ni siquiera la multitudinaria marcha sobre la 9 de Julio realizada el 19 de marzo, con su magistral columna “Todos somos judíos”. No lo logró.

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Desde el mismo 17 de marzo, el Estado, el gobierno de Menem, comenzó a generar las condiciones –por su frivolidad, por su molicie, por su desinterés criminal– para otra masacre. Esa tarde de marzo de 1992,hace ya más de diez años, cuando el piso tembló y 22 personas fueron despedazadas en el corazón de esta patria, se puso en marcha el engranaje criminal que arrasaría con la AMIA apenas 853 días después de la demolición de la embajada de Israel.
Hoy, donde estaba la embajada hay una plaza. No hay detenidos por la masacre.

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